El macrotema legislativo: 24 meses pedidos, 18 aprobados y una decisión final que se toma hoy en el Senado
Los diputados votan a mano alzada durante una sesión de la Cámara de Diputados, que este martes sesionó en San Cristóbal por el 182 aniversario de la Constitución. (Foto: elCaribe)
Vista en conjunto, la semana deja una foto clara del poder legislativo bajo presión: una pieza que llegó con diez días de retraso a la Cámara y se resolvió en una sola jornada de urgencia.
SAN CRISTÓBAL.– La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos discusiones consecutivas, con modificaciones, el proyecto que extiende el plazo para que las disposiciones del Código Penal sobre la responsabilidad penal de las empresas comiencen a aplicarse: serán 18 meses y no los 24 propuestos al principio. La pieza regresa ahora al Senado, que este mismo miércoles podría convertirla en ley en única discusión; si además el Poder Ejecutivo la promulga, el régimen penal empresarial entraría en vigor el 5 de mayo de 2028. Es el desarrollo nuevo de un debate que venía contrarreloj: sin esta prórroga, los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal se habrían aplicado a las empresas desde este 5 de noviembre de 2026, como ordena hoy la Ley 44-26.
La iniciativa fue sometida por el senador Rafael Barón Duluc (PRM-La Altagracia) y el Senado la había aprobado de urgencia el 21 de octubre, pero su recepción en la Cámara Baja quedó registrada recién el sábado 31 de octubre, diez días después. Ya en el pleno, no todos estuvieron de acuerdo con la rebaja del plazo: el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, reveló que la moción de los 18 meses no fue unánime, y que el legislador Eugenio Cedeño, autor de la propuesta de recorte, planteaba al inicio solo 12 meses. Por la premura, el pleno liberó la pieza de ir a comisión: solo modifica el artículo 31 de la Ley 44-26, del 27 de julio de 2026.
¿Qué cambiará cuando el régimen se aplique? Los artículos 8 al 11 permiten investigar, procesar y sancionar penalmente a una empresa cuando se cometan delitos en su beneficio o por su cuenta, mediante sus representantes, administradores o empleados. La empresa podrá responder si el delito se relaciona con fallas en sus controles y supervisión, y la ley contempla atenuantes o exclusiones para las que demuestren programas efectivos de prevención de delitos, controles internos y canales de denuncia; para las mipymes, esas medidas se aplican de manera proporcional a su tamaño, actividad y riesgo. La sanción a la empresa no libera a la persona física que cometió el delito, la responsabilidad no desaparece aunque la compañía se disuelva, y puede extenderse a otra empresa que ejerza el control legal o de hecho sobre la infractora si intervino, ordenó, toleró o se benefició del hecho.
La sesión se celebró en la Gobernación Provincial de San Cristóbal, en homenaje al 182 aniversario de la firma de la primera Constitución dominicana, proclamada en esa provincia el 6 de noviembre de 1844. Pacheco recordó que la Carta Magna ha tenido 40 modificaciones y reafirmó el compromiso de la Cámara de «respetar, defender y hacer cumplir la Constitución».
En la misma jornada, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto que establece el 6 de junio como Día Nacional de los Defensores del Medio Ambiente, de la diputada Jaqueline Fernández; convirtieron en ley la declaración de la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier como Capital Rupestre de la República Dominicana, iniciativa del senador Gustavo Lara; aprobaron designar con el nombre del doctor Fidel Francisco Mejía Ramírez el hospital traumatológico de Yaguate y declarar a Neiba capital de la uva; y ratificaron el Segundo Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia, sobre cooperación reforzada y divulgación de pruebas electrónicas. También reconocieron a personalidades e instituciones de San Cristóbal, entre ellos el ex Grandes Ligas Mélido Pérez.