La libertad de prensa no es un tema de periodistas: es un tema de todos. Cuando un reportero no puede acceder a una fuente pública, cuando lo empujan en una cobertura o cuando una norma amenaza con castigar la crítica, lo que se estrecha es el derecho del público a saber. Por eso el informe por país de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre República Dominicana, presentado ante su 82ª Asamblea General en Bogotá, merece leerse más allá de las redacciones.
El documento reconoce que en el país se mantiene, en términos generales, un ambiente favorable para la libertad de prensa y de expresión. Pero advierte señales que requieren atención: el acceso de los periodistas a las fuentes públicas, la relación con agentes estatales, el marco jurídico de la libertad de expresión y el deterioro del ecosistema informativo digital.
Entre los episodios recogidos están el del corresponsal de RNN en Santiago, Junior Marte, empujado por un agente penitenciario el 15 de mayo, y el del periodista y abogado Gregorio del Rosario, de Puerto Plata, agredido y despojado de su teléfono a finales de julio mientras grababa en el Palacio de Justicia. La SIP también señaló la inquietud por la eliminación de La Semanal, el espacio regular de contacto entre el presidente Luis Abinader y los medios, y su preocupación por disposiciones del Código Penal sobre la expresión pública.
Como contrapeso, el informe celebró una sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre pasado que protegió la permanencia de informaciones periodísticas de interés público en los archivos digitales, al rechazar que se borraran publicaciones de Diario Libre y Google de 2019 sobre una persona investigada en el caso de César el Abusador. El documento fue presentado por Miguel Franjul, director de Listín Diario.