El macrotema migratorio judicial: 607.000 protegidos, tres tribunales y un plazo que vence el 20 de noviembre
Visto en grande, no es un solo fallo: es una sucesión de suspensiones, anulaciones y plazos que lleva más de un año con 600.000 vidas en el aire.
Este viernes 6 de noviembre era la fecha marcada en rojo para cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos: hoy expiraba la suspensión con la que la Corte Suprema había dejado congelada la orden judicial que declaró ilegal la cancelación de su Estatus de Protección Temporal (TPS). Pero la reactivación no será automática hoy: un fallo del 3 de noviembre concedió 14 días adicionales, hasta el 20 de noviembre, para que la administración de Donald Trump tramite una posible solicitud de intervención ante el propio máximo tribunal antes de que la restitución se consolide. Al momento de esta publicación, el TPS sigue suspendido y no está formalmente restablecido.
El camino judicial es este: un tribunal de distrito de California determinó que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad al anular una extensión vigente del TPS para Venezuela en lugar de prorrogarla. La Corte Suprema suspendió temporalmente esa orden en octubre de 2025, y el 5 de octubre de 2026 anuló un pronunciamiento anterior de apelaciones y devolvió el expediente. El 30 de octubre, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó la petición del Gobierno de mantener suspendida la orden y también su solicitud alternativa de aplazar los efectos al menos 21 días, en el litigio conocido como National TPS Alliance contra Mullin.
Los escenarios a partir de ahora son dos. Si la administración presenta una apelación de emergencia y la Corte Suprema decide intervenir con un nuevo congelamiento, la restitución volverá a quedar frenada de manera temporal. Si, en cambio, transcurren los 14 días sin una nueva orden —o el tribunal rechaza la petición—, la resolución del tribunal de distrito entrará en vigor de forma efectiva: según los abogados de los demandantes, verían restablecidos su estatus y sus permisos de trabajo los venezolanos con TPS aprobado bajo las designaciones de 2021 y 2023 que realizaron su reinscripción a partir de enero de 2025, mientras continúa el litigio sobre el fondo del caso, que aún no está resuelto de manera definitiva.
La magnitud explica la atención regional: el Migration Policy Institute estimó en unas 607.000 las personas venezolanas cubiertas por el programa en enero de 2025, y un análisis del Pew Research Center cifra en 1,2 millones las personas de origen venezolano residentes en Estados Unidos, concentradas sobre todo en Florida, Texas y Nueva York, los mismos estados donde vive buena parte de la diáspora dominicana. Para las comunidades latinas en esos territorios —y para los países de la región que siguen cada precedente sobre protecciones temporales, permisos de trabajo y remesas— lo que la Corte Suprema decida en los próximos 14 días marcará el tono de la política migratoria estadounidense mucho más allá del caso venezolano.
Un cartel en defensa del Estatus de Protección Temporal (TPS) en un acto de familias migrantes en Estados Unidos. Foto: Noticiero Venevisión.
Fuentes: La Nación, Bloomberg Línea, El Paracaidista, El Sol News Media y Noticiero Venevisión.