El macrotema digital: decreto 787-26, un Consejo Nacional de Ética y 180 días para ordenar la IA en el Estado
Una capacitación sobre inteligencia artificial organizada por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), la institución que coordinó la elaboración del nuevo Código de Ética. (Foto: OGTIC, vía Red de Noticias)
En perspectiva, el decreto convierte a República Dominicana en uno de los países de la región con reglas escritas y obligatorias para la inteligencia artificial pública, alineadas con la UNESCO y la OCDE.
SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano aprobó, mediante el decreto 787-26, el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, una normativa que establece reglas obligatorias para el uso de esta tecnología en las instituciones del Estado, con el propósito de proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la transparencia en las decisiones administrativas.
El código será de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones de la administración pública centralizada y descentralizada. Los sistemas de inteligencia artificial que utilicen las entidades públicas deberán cumplir requisitos de seguridad, transparencia y supervisión humana, especialmente cuando sus decisiones puedan afectar el acceso a servicios, beneficios sociales o derechos fundamentales.
Uno de los cambios más concretos para la ciudadanía es el derecho a saber, de manera clara, cuándo una decisión o un trámite administrativo ha sido apoyado por inteligencia artificial, así como a solicitar explicaciones comprensibles y activar mecanismos de revisión humana de esa decisión.
La normativa prohíbe de forma absoluta la clasificación social generalizada de los ciudadanos (el llamado scoring social), la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, el perfilamiento criminal predictivo basado en prejuicios territoriales o socioeconómicos, la automatización de sentencias penales y el uso de armas autónomas. También establece una protección reforzada para niños, niñas y adolescentes, prohibiendo el uso de inteligencia artificial para generar o distribuir contenidos abusivos, lesivos o discriminatorios contra menores de edad.
Antes de entrar en funcionamiento, todo sistema clasificado como de alto impacto —el que pueda afectar el acceso a derechos, la asignación de beneficios sociales o la aplicación de sanciones— deberá someterse a una Evaluación de Impacto Ético y de Derechos (EIED) y contar con la aprobación del órgano de supervisión correspondiente. Al contratar servicios tecnológicos, las instituciones deberán exigir a sus proveedores garantías de trazabilidad, ciberseguridad y control soberano de los datos de los dominicanos, evitando sistemas de «caja negra» que no puedan ser auditados por el Estado.
El decreto dispone la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un órgano consultivo y de coordinación integrado por instituciones clave del Estado y representantes no gubernamentales del Foro Multiactor de Gobierno Abierto, con participación de la academia y la sociedad civil. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) supervisará el cumplimiento de las disposiciones éticas y recibirá denuncias por posibles incumplimientos, mientras la OGTIC brindará el apoyo técnico.
Las entidades públicas tendrán un plazo transitorio de 180 días calendario para adecuar sus procedimientos internos, registrar los sistemas de inteligencia artificial que utilizan, designar a los funcionarios responsables de su supervisión e implementar las medidas necesarias. La elaboración del código fue coordinada por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la DIGEIG, con el acompañamiento técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), mediante un proceso participativo y multisectorial alineado con los estándares de la UNESCO y la OCDE.